Boletín Nº 4. Nota 3.

El impacto de la crisis en el empleo femenino.

 

La necesidad de incorporar la perspectiva de género en la gestión de políticas públicas, de fortalecer los mecanismos democráticos de representación de la voz de las mujeres, y de modificar la persistencia de barreras estructurales a la inserción laboral de las mujeres son los desafíos pendientes en materia de empleo femenino, según un trabajo presentado en el 2do Encuentro "Debates Actuales en torno al tema de género y pobreza".

Corina Rodríguez Enríquez, investigadora de del CONICET y CIEPP (Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas), presentó su trabajo “Crisis, pobreza y políticas públicas: una observación sobre los contextos y políticas recientes” en el encuentro realizado en diciembre último por el Observatorio de Género y Pobreza, un proyecto de la Asociación Civil Nueva Ciudadanía, junto con la Universidad Nacional de San Martín, en su sede de la ciudad de Buenos Aires, y contó con el apoyo del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA).

Entre las deudas pendientes Rodríguez Enríquez señaló que la redistribución debe tener como ejes los recursos, el tiempo -donde el tema del cuidado sigue siendo central para la equidad de género y también para enfrentar la pobreza- y las oportunidades. Acerca de estas últimas es necesario dar repuesta a las siguientes preguntas - indicó: “¿Cómo ampliamos las posibilidades de que las personas, varones y mujeres, elijan la vida que quieren vivir?”, “¿Cómo acceden a los recursos?” “¿Cómo combinan trabajo remunerado y no remunerado?”. 

Una de las preguntas a las que se contestó Rodríguez Enríquez es si la actual crisis económica nos encontró con un mejor “colchón”. Respondió que sí, porque la recuperación post- convertibilidad dio cuenta de una mejora de los indicadores laborales y una mejora de los ingresos laborales; el debilitamiento del paradigma de la regulación del mercado se tradujo en una recuperación del rol activo del Estado en la economía; en la situación fiscal, se distinguió una mayor holgura, pero sin reformas estructurales y una menor presión del financiamiento externo. “A pesar de estas características –dijo- siguen persistiendo las brechas de género en el mercado laboral, la desigualdad y el empleo no registrado, la fragmentación y la baja cobertura de la protección social y la organización del cuidado sustentada en el trabajo no remunerado”.

Explicó también que hubo un rol activo del Estado que se traduce en el sostenimiento del gasto social. Hizo hincapié en el mantenimiento de la demanda (a través de los estímulos al consumo de los sectores medios y a la inversión con créditos fiscales), a la promoción del empleo (a través de la continuación de programas ya existentes, como la promoción de la registración, el procedimiento preventivo de crisis y las herramientas contempladas en la negociación colectiva) y al sostenimiento del ingreso (a través de ajustes al salario mínimo, el incremento de los salarios públicos y las sumas fijas para salarios menores y para beneficios asistenciales).

Para Rodríguez Enríquez, sin embargo, quedan desafíos pendientes, entre ellos, la necesidad de incorporar la perspectiva de género en la gestión de políticas públicas, de fortalecer los mecanismos democráticos de representación de la voz de las mujeres, la persistencia de barreras estructurales a la inserción laboral de las mujeres.


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